Comentario de Natalia Caniguan sobre “Plurinacionalidad. El Nuevo Pacto”, De Francisco Huenchumilla

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Por Natalia Caniguan Velarde

Antropóloga/ Directora Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de la Frontera

 

El situarnos a hablar de la plurinacionalidad –hoy tan en boga en el debate– nos lleva a hablar, como bien dice Francisco Huenchumilla, de política y de cómo desde el Estado se construye – o no– una relación de diálogo con los pueblos originarios y nos situamos como actores políticos exigiendo el reconocimiento de derechos que se han negado.

Como país acabamos de dar término a un proceso constituyente indígena en el que conocemos, a través del documento de sistematización de demandas ahí emanado, una serie de propuestas surgidas desde los pueblos originarios que apuntan a este plano político, a la conversación sobre derechos, a la necesidad de hacer cambios estructurales en nuestra sociedad. Entonces, la pregunta inmediata que nos surge es: si los pueblos originarios, en este caso el mapuche, está situado en un plano conversacional y de negociación política, ¿por qué no se avanza en la consecución de sus demandas? De aquí nos viene el tener que mirar al otro actor de esta interacción, el Estado: ese ente que se nos aparece sin rostro ni forma, pero que es con quien debemos interactuar y con quien, al parecer, no se está dando la comunicación.

Situarnos en el plano político, como bien señala el autor del libro, tensiona y complejiza la relación puesto en este reconocer y validar al otro como actor político y sujeto de derechos, se le “concede poder”, botín de toda relación política. Y es este el nudo crítico el que enfrentamos en la relación Estado-pueblos originarios; es aquí donde se genera el diálogo de sordos, que nos hacen ver cómo actualmente, ad portas de cumplir 30 años del Pacto de Nueva Imperial, continuamos escuchando las mismas demandas por parte del pueblo Mapuche, las que se repiten y continúan no por desidia del movimiento, sino porque siguen sin respuesta ni señales desde el Estado.

Hoy, o más bien en el último tiempo, lo que hemos tenido es una relación en la que lo indígena es visto desde la vulnerabilidad socioeconómica, es decir, como un problema de pobreza y rezago, focalizando, de esta manera, políticas públicas de corte paliativo y reactivo a una situación social, favoreciendo el clientelismo como forma política de relación con el otro, desconociendo y aminorando la capacidad de agencia de este “otro”. Rol que, también debemos reconocer, ha desarticulado movimientos y orgánicas locales que se adaptan a este recibir del Estado.

No obstante, la crítica no puede ser sólo hacia el Estado: más bien la capacidad autocrítica hacia el movimiento mapuche –o hacia el ser mapuche– debe ser capaz de situarnos en vislumbrar nuevos planos de acción y estrategia en pos de las demandas que deseamos conseguir. Aquí, entonces, surgen nuevas preguntas, como ¿qué es lo que no han/ hemos hecho? o ¿qué nos falta?, entre otras. Las respuestas, sin duda, serán variadas y acorde a las miradas y roles que cada uno tenga sobre el tema, y llegar a consensos también será parte de estas estrategias que debemos considerar. Lo que sí queda claro (o debe ser parte de esta reflexión) es el llamado a la necesidad de “acumular poder” y con ello equilibrar la balanza en los espacios de negociación y participación. Esta acumulación de poder debe, a su vez, darse en un contexto de buscar alianzas con otros grupos que se encuentren en igualdad de condiciones, en cuanto a desventaja y desigualdad respecto de quiénes hoy detentan el poder. Porque lo que finalmente enfrentamos acá es un sistema que nos hace desenvolvernos en un marco estructural de inequidad, y desde este plano – reconociendo las particularidades de las luchas de los movimientos indígenas– también tenemos luchas que son mayores y que no debemos olvidar ni relegar.

El llamado es a construir nuevas sociedades en la que los sujetos, todos, seamos reconocidos desde nuestros derechos, nuestra diversidad y la historia que portamos y de la que somos parte; puesto desde ese punto de partida será posible sentarnos en una relación de diálogo efectivo con el Estado. Diálogo que hasta ahora se ha visto negado y truncado, y que solo ha tendido a la construcción de relaciones de desconfianza y frustración en vez de reconocimiento y valoración.

 

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