Comentario de Eduardo Alvarado sobre “Colombia. Economía política de la guerra”, de Ana Bengoa

Eduardo Alvarado Espina

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid

La obra que se comenta aborda el triple conflicto de Colombia –político, social y territorial– a través de una mirada crítica del sistema político y la política económica que han defendido los diferentes gobiernos de dicho país, comenzando por el que dio origen al “régimen bipartidista” de mediados del siglo pasado. Es lo que la autora identifica como “una mezcla entre liberalismo económico y autoritarismo político” que ha propiciado una política sistemática de violencia estatal (pp. 11 y 12).

A pesar de centrarse en las facetas que adopta la violencia estructural en Colombia, este caso también es una forma de acercarse a la cuestión central que se estudia: el discurso de seguridad y miedo como forma de legitimación gubernamental de las políticas económicas neoliberales en las democracias contemporáneas, particularmente las latinoamericanas. Apoyándose en un enfoque posestructural, sostenido básicamente en autores como Laclau, Mouffe o Klein, se argumenta que dicho discurso es el que fija el “sentido común” de la sociedad, al tiempo que la política represiva del Estado se sustenta en “la matriz neoliberal que da cabida a dichas prácticas” (p. 44).

El libro se organiza en seis “apuntes” que abordan, desde varios ángulos, la configuración de la economía política de Colombia a través de temas como la violencia, el paramilitarismo, la guerra y la democracia. Todo ello mediante una perspectiva crítica de las acciones gubernamentales sustentadas en la estructura neoliberal de la sociedad contemporánea. Así, se ofrece un análisis de la estratificación social del país a partir de una legitimación de la violencia amparada estatal y la política gubernamental, fundada en la colusión del paramilitarismo y la narco-guerrilla con los intereses de la industria nacional y transnacional dentro de un régimen democrático fuertemente tutelado por poderes extra-institucionales.

Sin pretender resumir cada una de las partes que lo componen, a continuación se presentan tres aspectos que, en mi opinión, son los más relevantes de este libro.

En primer lugar, se recurre a un análisis retrospectivo de la formación del actual Estado colombiano –sus anclajes políticos, sociales y económicos– para establecer una primera aproximación al uso político de la violencia institucional. En este sentido, son relevantes las estrategias antisubversivas adoptadas por los gobiernos del Frente Nacional contra la oposición política y social en las décadas del sesenta y setenta, como la ilegalización de “todas las manifestaciones, organizaciones sindicales, protestas u otras formas de expresión social” (p. 15). Con ello, en el contexto global de la Guerra Fría, el Estado define el contorno del enemigo interno en términos ideológicos: todo aquel que desafiara el statu quo oligárquico del país.

Pero la estrategia más importante que se consolida en esta época, ante la incapacidad del Estado de controlar todo el territorio, es el apoyo formativo y técnico a grupos paramilitares –hacendados y latifundistas– con el fin de actuar como fuerzas contrainsurgentes paraestatales. Ante ello, apunta la autora, no es posible diferenciar lo extra-jurídico, ni lo que está dentro o fuera del Estado (p. 16).

En segundo lugar, y en términos generales, se deja entrever que el conflicto colombiano se sitúa dentro de un contexto geopolítico más amplio, que no es ajeno a otros países latinoamericanos. En este sentido, tanto el mundo bipolar que configura la Guerra Fría, como la posterior globalización del mantra neoliberal, dan continuidad al uso del discurso de la guerra para defender los privilegios e intereses de las viejas oligarquías y de las corporaciones extranjeras en Colombia y Latinoamérica. En este caso, conceptos como “Estado débil”, “autodefensa”, “narcoguerrilla” o “democracia protegida” buscan deslegitimar a ese discurso de la guerra que imbrica seguridad y miedo. En este punto, la democracia no es el fin de la violencia, ni de sus reglas ni de sus discursos.

De este modo, el o la lectora no necesitan de gran agudeza para encontrar paralelismos entre el caso colombiano y el de otros países latinoamericanos con pasado dictatorial en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, la lógica mercantil de la seguridad, el sentido común oligárquico transmutado en interés general, la exacerbación de las penas de cárcel y la actuación represiva del Estado no fueron –ni son– prácticas ajenas a otros países tales como Chile, Uruguay, Brasil o Argentina, aunque en diferentes intensidades.

En tercer lugar, se presentan los vínculos entre la política formal y los grupos armados, lo que se conoce como la parapolítica. Como evidencia de este vínculo, se reproducen declaraciones y discursos de representantes políticos, militares y diplomáticos de Colombia y Estados Unidos; y, también, las estrategias y acuerdos comerciales alcanzados por ambos países en este ámbito. Así, el negocio de la violencia se gestiona bajo el paraguas de un entramado político-económico que se desarrolla en torno al paramilitarismo contra-insurgente. La instrucción militar, la venta de armas y la privatización de la infraestructura carcelaria son expresiones de dicho entramado.

En definitiva, el libro analiza el triple conflicto colombiano desde una óptica centrada en el dominio ideológico de las viejas estructuras de poder, como factor explicativo de la violencia estructural. Un dominio que constituye uno de los pilares de las “lógicas gubernamentales de las democracias neoliberales contemporáneas”. Siguiendo esta perspectiva, se explora en los fundamentos y los contornos que explican y enmarcan la violencia en Colombia. Pero no tan sólo eso. Como sintetiza la propia autora, “la violencia instituida e instituyente en Colombia, sin duda remite a los límites de la democracia formal y su vínculo indisoluble con la violencia estructural, cuestión aplicable a diversos contextos, más allá de las fronteras de Colombia” (p. 61).

 

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